Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio

SOBRE DIP


El 2 de septiembre de 2016 entró en vigencia la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La ley introdujo importantes cambios en la regulación existente sobre la materia, ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en que ésta debe presentarse.

Además, estableció que la Contraloría General de la República está a cargo de fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades, funcionarios públicos y prestadores de servicios a honorarios de los organismos a que alude el Capítulo 1° de su Título II. En general, se trata de funcionarios de los órganos de la Administración del Estado que no sean autónomos. Esta disposición entró en vigencia el viernes 2 de septiembre de 2016.

Las normativas aludidas señalan que este Organismo de Control está a cargo de administrar un Sistema de Información, que permite el acceso permanente de los declarantes a un Formulario Electrónico Único, a su contenido, a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas.

Este Sistema de Información también permite la interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contienen la información requerida en cada declaración, en la medida que se encuentre disponible e interoperable electrónicamente, además de la publicación de las declaraciones.

Las obligaciones reseñadas entraron en vigencia el 2 de noviembre de 2016 para las autoridades y funcionarios indicados en el capítulo 3° del título II, de la ley N° 20.880 (órganos autónomos), algunos de los cuales han suscrito convenios con la Contraloría General a fin de utilizar la plataforma creada para estos efectos.

DOCUMENTOS DE INTERÉS


Año Documento PDF
2019 Guía para el proceso de rectificación de declaraciones de intereses y patrimonio
2017 Imparte instrucciones relativas a las declaraciones de intereses y patrimonio efectuadas durante marzo de 2017
2017 Ley N° 20.880: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interes - Ejemplos y Jurisprudencia
2017 Tutorial N° 1, Administradores DIP
2017 Formulario Declaración Intereses y Patrimonio versión papel
2016 Guía sobre la declaración de intereses y patrimonio de la Ley N° 20.880
2016 Ley N° 20.880: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interes
2016 Reglamento de la Ley N° 20.880: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interes
2016 Ley N° 20.880 - Seminario: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

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  • Capacitación DIP

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  • ¿Cómo funciona el nuevo Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio?

    Conoce las principales características de este proceso en línea, según lo establecido en la Ley N° 20.880, y que busca el cuidado y buen uso de los recursos públicos.

  • Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio

    La plataforma, desarrollada por la Contraloría General, permite efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio. La información generada sirve como insumo para la fiscalización de este Organismo de Control.

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Quién fiscaliza las declaraciones de intereses y patrimonio (DIP)?

Al respecto, hay que distinguir entre los sujetos obligados a efectuar una DIP señalados en el artículo 4°, de la ley N° 20.880, y aquellos correspondientes a otros poderes del Estado, organismos autónomos e incluso partidos políticos, que son indicados en el Capítulo 3°, del Título II, de la misma ley.

Para los declarantes indicados en el artículo 4°, la ley dispone en el artículo 10 que la Contraloría General de la República es la encargada de fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio.

En cambio, para los sujetos identificados en el capítulo 3°, cada uno tiene su respectivo órgano fiscalizador. Así, por ejemplo, a las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria (artículo 15 de la ley N° 20.880) les corresponde conocer y resolver acerca de la aplicación de sanciones por las infracciones cometidas por diputados y senadores; mientras que el Servicio Electoral (artículo 22 de la ley N° 20.880) tiene que conocer y sancionar las infracciones cometidas por los miembros de la directiva central de los partidos políticos.

¿Cuándo entró en vigencia la ley N° 20.880?

El inciso final del artículo primero transitorio de la ley N° 20.880 señala que rige tres meses después de la publicación de su reglamento respecto de los sujetos individualizados en el Capítulo 1°, del Título II -2 de septiembre de 2016- y cinco meses después de la referida publicación respecto de los sujetos individualizados en el Capítulo 3°, del mencionado Titulo II, es decir, 2 de noviembre de 2016.

¿A contar de qué fecha está disponible el formulario electrónico de la Contraloría General?

La Contraloría General dispuso del formulario electrónico para todos los sujetos obligados señalados en el artículo 4° de la ley N° 20.880 desde el 2 de septiembre de 2016.

No obstante lo anterior, las entidades mencionadas en el Capítulo 3° de la ley que firmaron convenio de colaboración con esta Institución Fiscalizadora para el uso del sistema del formulario electrónico lo tuvieron disponible a contar del 2 de noviembre de 2016. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el inciso final del artículo primero transitorio de la ley N° 20.880, respecto a la entrada en vigencia de la aludida normativa.

¿La Contraloría General efectúa capacitaciones respecto de la ley N° 20.880?

En principio, la Contraloría realizó capacitaciones a los administradores del sistema desde el 24 de agosto hasta el 9 de septiembre del año 2016 y también efectuó una serie de seminarios dirigidos a funcionarios públicos y administradores, en distintas regiones del país, durante marzo de 2017.

Sin embargo, se evalúa de manera permanente la eventual necesidad de seguir capacitando a los distintos roles que participan en el sistema.

¿Cuándo procede la declaración en papel y cómo debe certificar el jefe de servicio?

Según lo establecido en los artículos 6° de la ley y 4° del reglamento, la declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones deberán efectuarse a través del formulario electrónico único del Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría.

Excepcionalmente, los sujetos obligados por ley pueden realizarla en formato papel en el caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuya eventualidad el declarante deberá completar el formulario respectivo presentando tres ejemplares, los que serán autentificados por el ministro de fe del órgano o servicio al que pertenezca o, en su defecto, por un notario público, documentos que tendrán el mismo valor que las realizadas en formato electrónico. Uno de esos ejemplares quedará en poder del declarante.

El jefe superior del servicio o la persona en quien se haya delegado la función de que se trata deberá certificar, mediante resolución fundada, la concurrencia y el cese de la fuerza mayor o caso fortuito, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde que toma conocimiento de aquellas circunstancias.

El jefe superior de servicio o su delegado deberá remitir a la Contraloría General de la República o a la respectiva Contraloría Regional las DIP en formato papel, debidamente autentificadas y acompañadas de copia del certificado antes aludido, o haciendo mención a él si ya se ha remitido la copia.

No obstante lo anterior, una vez superada la situación de fuerza mayor o caso fortuito, las declaraciones que hayan sido efectuadas en papel deberán ser realizadas nuevamente a través del formulario electrónico, según lo dispone el artículo 7° del reglamento de la ley, aprobado mediante decreto N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

¿Cuál es el plazo que tienen los sujetos obligados para efectuar la primera declaración de intereses y patrimonio?

Conforme a lo dispuesto en los artículos 5° de la ley y 3° de su reglamento, la declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Asimismo, deberá ser presentada dentro de los 30 días corridos siguientes al cese en sus funciones.

En lo que se refiere a la actualización de las DIP, resulta obligatorio para las autoridades, funcionarios y prestadores de servicios a honorarios realizarlas en marzo de cada año, en tanto sus designaciones o contratos se extiendan, por lo menos, hasta el último día de esa mensualidad.

Lo anterior aun cuando hayan efectuado una declaración en los meses previos, ya sea por la asunción del cargo que lo obliga a declarar o de manera voluntaria.

Solo se encontrarán eximidos de actualizar una declaración en marzo quienes, estando dentro del plazo de 30 días corridos desde la asunción del cargo, presenten su primera declaración en cualquier día de dicho mes.

Deberán también presentar una declaración quienes cesan en alguna función que los obliga a efectuar esa declaración, dentro de los 30 días corridos siguientes al mencionado cese.

¿Qué se entiende por tercer nivel jerárquico?

Sobre el particular, el artículo 4°, número 10, de la ley N° 20.880 -replicado en similares términos por su reglamento- obliga a los sujetos que se desempeñen en esos cargos a presentar el instrumento en estudio, considerando para efectos de establecer la referida equivalencia el grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no tener asignado un grado, al monto de las respectivas remuneraciones de carácter permanente.

En este punto, es útil destacar que los dictámenes N° 33.220, de 2011; 4.399, de 2012; y 81.682, de 2015, de la Contraloría, han sostenido que el nivel de jefe de departamento corresponde a los cargos o empleos que ocupan el “tercer nivel jerárquico” de la pertinente institución o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

De lo anterior se desprende que de existir expresamente el nivel de “jefe de departamento” dentro de la planta de la entidad pública, será este el que defina hasta dónde llega el tercer nivel jerárquico, debiendo cumplir con la obligación indicada quienes se desempeñen hasta dicho grado.

De no existir en la planta cargos con tal denominación, deben entenderse comprendidos dentro del referido nivel a todos aquellos empleos directivos que, conforme a su planta o a la normativa legal que regula su orgánica, tengan a su cargo una unidad, cualquiera sea su denominación, que “dependa directamente” de quienes ocupan los empleos del segundo nivel.

Respecto de la equivalencia contemplada en el numeral 10 en estudio, una vez establecido quienes se encuentran comprendidos dentro del tercer nivel jerárquico, el grado más bajo de quienes integran ese nivel fija el piso del grado del resto de los servidores directivos, así como de los profesionales y técnicos que deben también presentar una DIP. Lo mismo debe considerarse en relación con las remuneraciones que deban servir de base para efectuar la equivalencia en los casos en que alguno o todos los empleos a comparar no posean un determinado grado remuneratorio.

En aquellas situaciones en que la planta de un servicio considere empleos de segundo nivel jerárquico que tengan un grado inferior al más bajo asignado a las plazas del tercer nivel, la equivalencia a fin de determinar el resto de los funcionarios sujetos a la obligación debe hacerse en relación con este último y no con el directivo de segundo grado.

¿Dónde estarán publicadas las declaraciones de intereses y patrimonio?

Según lo dispuesto en el artículo 11, del mencionado reglamento, sólo las declaraciones de los sujetos señalados en los numerales 1 a 4 y 13 a 20 del artículo 4° del referido cuerpo normativo se encontrarán disponibles en el sitio electrónico mediante el cual la institución respectiva da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que impone el artículo 7° de la ley N° 20.285. Los órganos no sujetos a la antedicha ley deberán publicar las declaraciones en el sitio electrónico institucional de forma que permita su fácil acceso. Además, la Contraloría General y el Consejo para la Transparencia pondrán a disposición de la ciudadanía las declaraciones de los sujetos mencionados en formato de datos abiertos y reutilizables.

Los sujetos obligados cuyas declaraciones se encontrarán disponibles son:

  • El Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicios, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules.
  • Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Televisión.
  • Los Integrantes de los Paneles de Expertos o Técnicos creados por las leyes N° 19.940, 20.378 y 20.410.
  • Los alcaldes, concejales y consejeros regionales.
  • Los diputados y senadores; los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional; los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria.
  • Los miembros del escalafón primario y los de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, a que se refieren los artículos N° 267 y 269 del Código Orgánico de Tribunales, respectivamente, y el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
  • El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público.
  • Los jueces titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública, los jueces de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los ministros titulares y suplentes de los Tribunales Ambientales, y los ministros de fe de todos estos tribunales
  • Los ministros y los suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones y los integrantes de los Tribunales Electorales Regionales.
  • Los miembros del Consejo del Banco Central de Chile.
  • El Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los contralores regionales y quienes se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico en la Contraloría General de la República.
  • Los miembros del órgano ejecutivo de los partidos políticos.

Por tanto, las declaraciones de los sujetos obligados señalados en los numerales 5 al 12 del artículo 2° del reglamento no se encontrarán disponibles en los términos del artículo 11. No obstante, el servicio deberá proporcionar copias de la DIP a los interesados que las soliciten, conforme a la Ley de Transparencia.

Estos son:

  • Los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
  • Los defensores locales de la Defensoría Penal Pública.
  • Los directores o las personas a que se refieren los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo N° 37 de la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas; y los directores y gerentes de las empresas públicas creadas por ley y de las sociedades en que el Estado tenga participación accionaria, aun cuando la ley señale que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a la regulación de otras leyes, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o el Banco del Estado de Chile.
  • Los presidentes y directores de corporaciones y fundaciones que presten servicios o tengan contratos vigentes con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, perciban o no una remuneración, y los directores y secretarios ejecutivos de fundaciones, corporaciones o asociaciones reguladas en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
  • Los funcionarios de la Administración del Estado que cumplan funciones directas de fiscalización.
  • Las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado siempre que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la planta de la entidad o su equivalente. Para establecer la equivalencia el grado remuneratorio deberá estar asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no tener asignado un grado, al monto de las remuneraciones de carácter permanente.
  • Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.
  • Los rectores y miembros de las juntas directivas de las universidades.
¿Cuáles son los datos o campos que no se publican de la declaración?

Por regla general, la declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio. También aplica para personas relacionadas.

El artículo 7° de la ley N° 20.880 y 12 de su reglamento señalan que en el sitio electrónico de la institución respectiva sólo podrá publicarse el nombre de los parientes por consanguinidad en primer grado en la línea recta del declarante.

Agregan que en el caso de los fiscales y jueces con competencia en lo penal (Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal) los datos respecto de los parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado, tanto en la línea colateral como por afinidad, no serán publicados, debiendo registrarse esta información con carácter de secreta.

¿Qué se entiende por funciones directas de fiscalización?

Conforme al artículo 4°, número 9, de la ley N° 20.880, se encuentran obligados a rendir una DIP “los funcionarios que cumplan funciones directas de fiscalización”.

El artículo 2°, N° 9, del reglamento previene que son sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio “los funcionarios de la Administración del Estado que cumplan funciones directas de fiscalización. Se entenderá que un funcionario cumple funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que no correspondan a procedimientos disciplinarios internos”.

En este contexto corresponde referirse a algunos criterios que han de ponderarse para establecer, en cada servicio, el personal que está obligado al cumplimiento del deber de realizar una DIP en razón de las hipótesis que menciona la normativa.

En primer lugar, por actividades de inspección directa deben considerarse, de manera principal, aquellas propias de la labor de control que importen el examen personal de obras, procesos, sujetos, espacios, recintos u objetos, y que impliquen un contacto directo -ya sea presencial o no presencial, inmediato o posterior- con las personas sometidas a esa actividad o encargadas de esas obras, procesos, espacios, recintos u objetos. Lo anterior tanto si esas labores inspectivas deban o puedan hacerse fuera de la oficina o recinto en que desempeñan sus tareas los funcionarios fiscalizadores, como si, dependiendo del caso, se hagan dentro de estas.

De igual forma, y atendidas las finalidades que persigue la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, debe entenderse que también desempeñan funciones directas de fiscalización quienes tienen el deber de dirigir, coordinar y gestionar los equipos integrados por los funcionarios que realizan de manera personal las inspecciones directas.

Serán sujetos obligados a presentar una DIP quienes tengan asignadas como función permanente esas actividades de inspección directa, por lo que no procederá que la efectúe si dichas tareas le son ordenadas de manera esporádica.

La obligación de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones de fiscalización directa, aun cuando no sean las únicas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.

Quienes han sido nombrados en una plaza que integra una planta o estamento de “fiscalizadores”, o han sido designados a contrata asimilados a uno de esos empleos, deben ser destinados a labores de fiscalización, conforme lo ordena el artículo N° 46, inciso tercero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y N° 73, inciso primero, de la ley N° 18.834.

Lo mismo acontece respecto de quienes pertenecen o han sido asimilados a una planta especial de fiscalizadores, o en virtud de una autorización legal prestan servicios a un organismo y han sido investidos del rol de fiscalizador.

Respecto de esta materia se reitera que, según el N° 9 del artículo 2° del reglamento, “se entenderá que un funcionario cumple funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que no correspondan a procedimientos disciplinarios internos”.

Por ello, está sometido a la obligación comentada el personal que, en razón de sus funciones permanentes, participa o interviene directamente en los señalados procesos sancionatorios.

En este punto se debe reiterar la exigencia de que la función sea permanente, excluyendo de esta obligación a quien se le encomienda ese tipo de labores de manera esporádica.

Se debe tener presente que el deber de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones que impliquen intervenir directamente en ese tipo de procedimientos, aun cuando no sean las únicas tareas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.

Cumplen esta hipótesis de la norma quienes desarrollan la labor de fiscal o investigador y quienes cumplen tareas de actuario en esos procesos, aun cuando las denominaciones de esas funciones no sean las recién consignadas.

Finalmente, el deber de hacer una declaración de intereses y patrimonio que tienen las personas tratadas en este apartado es independiente del grado o nivel remuneratorio que posean, ya que en este caso el legislador estimó necesario que cumplan con ese mandato en razón de las funciones directas de fiscalización que realizan y no por su posición jerárquica o remuneratoria.

¿Cómo se calcula la equivalencia de la remuneración de una persona contratada a honorarios, para efecto de lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 11, de la ley N° 20.880?

El artículo 4°, N° 11, de la ley -reiterado en su reglamento- establece que estarán obligados a efectuar una DIP “las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan”.

De la historia de la ley se puede constatar que dichos sujetos fueron incorporados en el primer trámite constitucional a proposición de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la cual tuvo como fundamento para ello la situación de los asesores de autoridades de gobierno, ya que, si bien no eran funcionarios, tenían una posición de influencia en la adopción de decisiones y por lo cual podía configurarse en ellos un conflicto de interés.

Considerando lo anterior y el tenor y contexto de la norma reseñada, es posible colegir que los prestadores de servicios a honorarios cuyo contrato se extienda por un año a lo menos están obligados a presentar una DIP. Así, para realizar la equivalencia de remuneraciones u honorarios mensuales que ordena la norma de que se trata, se debe considerar la respectiva suma alzada, o la suma de todas las mensualidades, y dividirla por 12. En este caso, la comparación deberá efectuarse en relación con la remuneración del funcionario del tercer nivel jerárquico que ocupe el grado o nivel remuneratorio más bajo.

¿Quién es el jefe del servicio en las municipalidades, para efecto de lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 20.880?

El alcalde, o en quien delegue la función, será el jefe superior del servicio encargado de verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas actualizaciones. Deberá remitir a la Contraloría General de la República, en la forma en que disponga el reglamento, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicio e informarle de las infracciones a las obligaciones de realizar dichas declaraciones, dentro de los 30 días posteriores a aquel en que tome conocimientos de aquella.

¿Quiénes integran el tercer nivel jerárquico en las municipalidades?

El N° 10 del artículo 4° de la ley N° 20.880 señala que deberán presentar declaraciones de intereses y patrimonio “las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente. Para establecer la referida equivalencia deberá estarse al grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate”.

La jurisprudencia de la Contraloría ha señalado -en los dictámenes N° 33.220, de 2011; 4.399, de 2012; y 81.682, de 2015, entre otros- que el nivel de jefe de departamento corresponde a los cargos o empleos que ocupan el tercer nivel jerárquico de la pertinente institución, o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

Por ende, para determinar el tercer nivel jerárquico en un servicio, por regla general, deberá revisarse la planta de la institución, y el grado más bajo del o los jefes de departamento fija el piso del grado del resto de los directivos, profesionales y técnicos que deberán declarar.

Entonces, si el DFL que establece la planta del municipio contempla expresamente los cargos de “jefes de departamento”, ya sea en la planta de “Directivos” o de “Jefaturas”, el jefe de departamento de grado más bajo fijará el piso del grado del resto de los funcionarios directivos, profesionales y técnicos que deben presentar DIP. Por ejemplo, si existe en la planta un jefe de departamento, ya sea en la planta de “Directivos” o “Jefaturas” con grado 12, todos los directivos, profesionales y técnicos con grado 12 o superior deberán presentar la declaración.

En caso contrario (municipalidades que en su planta no contemplan expresamente el cargo de jefes de departamento), el tercer nivel jerárquico está conformado por el resto de los servidores directivos que tienen asignados grados inferiores al último de los “directores”. En este caso, el empleo directivo de más bajo grado fija el piso del grado de las plazas de jefaturas, profesionales y técnicos que deben efectuar una DIP en una municipalidad.

Sobre esta materia, se recomienda revisar el dictamen N°6.844/2017

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