Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio

Declare aquí

SOBRE DIP


El 2 de septiembre de 2016 entra en vigencia la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La ley introduce importantes cambios en la regulación existente sobre la materia, ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en que ésta debe presentarse.

Además, establece que la Contraloría General de la República estará a cargo de fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades, funcionarios públicos y prestadores de servicios a honorarios de los organismos a que alude el Capítulo 1° de su Título II. En general, se trata de funcionarios de los órganos de la Administración del Estado que no sean autónomos. Esta disposición entra en vigencia el viernes 2 de septiembre de 2016.

Las normativas aludidas señalan que este Organismo de Control estará a cargo de administrar un Sistema de Información, que permite el acceso permanente de los declarantes a un Formulario Electrónico Único, a su contenido, a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas.

Este Sistema de Información también permite la interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contengan la información requerida en cada declaración, en la medida en que ésta se encuentre disponible e interoperable electrónicamente, además de la publicación de las declaraciones.

Las obligaciones reseñadas entrarán en vigencia el 2 de noviembre de 2016 para las autoridades y funcionarios indicados en el capítulo 3° del título II, de la ley N° 20.880 (órganos autónomos), algunos de los cuales han suscrito convenios con la Contraloría General a fin de utilizar la plataforma creada al efecto.

DOCUMENTOS DE INTERÉS


Año Documento Archivo
2017 Formulario Declaración Intereses y Patrimonio versión papel
2016 Guía sobre la declaración de intereses y patrimonio de la Ley N° 20.880
2016 Ley N° 20.880: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interes.
2016 Reglamento de la Ley N° 20.880: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interes.
2016 Ley N° 20.880 - Seminario: Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

MULTIMEDIA


  • ¿Cómo funciona el nuevo Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio?

    Conoce las principales características de este proceso en línea, según lo establecido en la Ley N° 20.880, y que busca el cuidado y buen uso de los recursos públicos.

  • Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio

    La plataforma, desarrollada por la Contraloría General, permite efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio. La información generada sirve como insumo para la fiscalización de este Organismo de Control.

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Quién fiscalizará las declaraciones de intereses y patrimonio (DIP)?

Al respecto hay que distinguir, entre los sujetos obligados a efectuar una DIP señalados en el artículo 4°, de la ley N° 20.880, y aquellos otros poderes del Estado, organismos autónomos e incluso partidos políticos señalados en el Capítulo 3°, del Título II, de la citada ley.

Para aquellos declarantes, indicados en el mencionado artículo 4°, la ley dispone en su artículo 10 que será la Contraloría General de la República la encargada de fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio.

En cambio, para aquellos sujetos identificados en el citado Capítulo 3°, cada uno de ellos tendrá su respectivo ente fiscalizador, así por ejemplo, de las infracciones cometidas por diputados y senadores corresponderá conocer y resolver acerca de la aplicación de sanciones, a las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria (artículo 15 de la ley N° 20.880); respecto de las infracciones cometidas por los miembros de la directiva central de los partidos políticos corresponderá conocer y sancionar al Servicio Electoral (artículo 22 de la ley N° 20.880).

¿Cuándo estará disponible el formulario electrónico de Contraloría General?

Contraloría General dispondrá del formulario electrónico, para todos aquellos sujetos obligados señalados en el artículo 4° de la ley N° 20.880, desde el 2 de septiembre del presente año.

No obstante lo anterior, cabe indicar que aquellas entidades mencionadas en el referido Capítulo 3° de la ley, que firmen convenio de colaboración con este Ente Fiscalizador, para el uso del sistema del formulario electrónico, lo tendrán disponible a contar del 2 de noviembre de esta anualidad. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el inciso final del artículo primero transitorio de la ley N° 20.880, respecto a la entrada en vigencia de la aludida normativa.

¿Contraloría General, efectuará capacitaciones respecto al formulario electrónico?

En principio, este Ente Fiscalizador realizará capacitaciones a los administradores del sistema desde el 24 de agosto hasta el 9 de septiembre del presente año.

Con posterioridad será evaluada la necesidad de seguir capacitando a los otros roles que participan en el sistema.

¿Cuándo procede la declaración en papel, y cómo debe certificar el jefe de servicio?

Al respecto, es necesario tener presente que según lo prescrito en los artículos 6° de la ley y 4° del reglamento, la declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones, deberán efectuarse a través del formulario electrónico único del Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de Contraloría.

Excepcionalmente, los obligados podrán realizarla en formato papel en el caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso el declarante deberá completar el formulario respectivo presentando tres ejemplares, los que serán autentificados por el ministro de fe del órgano o servicio al que pertenezca o en su defecto, por un notario público, documentos que tendrán el mismo valor que las realizadas en formato electrónico. Uno de esos ejemplares quedará en poder del declarante.

Asimismo, el jefe superior del servicio o la persona en quien se haya delegado la función de que se trata, deberá certificar, mediante resolución fundada, la concurrencia y el cese de la fuerza mayor o caso fortuito a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde que toma conocimientos de aquellas circunstancias.

En este contexto, el jefe superior de servicio o su delegado deberá remitir a la Contraloría General de la República o respectiva Contraloría Regional las DIP en formato papel, debidamente autentificadas y acompañadas de copia del certificado antes aludido, o haciendo mención a él en el evento en que ya se haya remitido dicha copia.

No obstante lo anterior, cabe indicar que una vez superada la situación de fuerza mayor o caso fortuito, las declaraciones que hubieren sido efectuadas en papel deberán ser realizadas nuevamente a través del formulario electrónico, según así lo dispone el artículo 7°, del reglamento de la citada ley, aprobado mediante decreto N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaria General de la presidencia.

Plazo para efectuar la primera declaración de patrimonio para los sujetos obligados.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 5° de la ley y 3° de su reglamento, la declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Asimismo, deberá ser actualizada por última vez dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones.

Ahora bien, atendido lo prescrito en el artículo primero transitorio de la ley, el inciso primero del artículo transitorio de su reglamento previene que “Los sujetos obligados en actual servicio deberán efectuar la primera declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880 y a este reglamento, durante el mes de marzo del año 2017”.

Agrega su inciso segundo que “Tratándose de los sujetos individualizados en el Capítulo 1° y en el Capítulo 3° del Título II de la ley N° 20.880, que ingresen a sus funciones o cesen en ellas antes de los tres o cinco meses siguientes a la publicación del presente reglamento, respectivamente, deberán efectuar declaraciones de intereses y patrimonio de conformidad a la normativa vigente antes de la publicación de la ley N° 20.880”.

El inciso final de dicha disposición transitoria consigna que “Los sujetos que ingresen o cesen en sus funciones con posterioridad a los tres o cinco meses señalados en el inciso anterior, según sea el caso, deberán realizar sus declaraciones conforme a la ley Nº 20.880 y a este reglamento”.

En consecuencia, los que a la fecha han hecho sus declaraciones en virtud de lo dispuesto en la ley N° 18.575 y los apuntados decretos Nos 99 y 45, respecto del personal aludido en el artículo 4° de la ley N° 20.880, deben realizar la primera declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880 y su reglamento durante el mes de marzo del año 2017.

Por otra parte, quienes ingresen a prestar funciones en algunas de las entidades referidas en el anotado artículo 4°, o cesen en ellas, antes del 2 de septiembre de 2016, o si previo a esa data ocurre algún hecho relevante que les origine la respectiva obligación, deben efectuar sus declaraciones, y actualizaciones, según sea el caso, acorde a la ley N° 18.575 y los mencionados decretos Nos 99 y 45, debiendo hacerlo nuevamente en marzo del 2017 -si se mantienen en funciones a esa época-, pero esta vez conforme a la nueva normativa.

Finalmente, las autoridades, funcionarios y prestadores de servicios a honorarios que asuman sus respectivos cargos o funciones a contar del 2 de septiembre de 2016, deberán presentar su declaración conforme a la ley N° 20.880 y en los plazos fijados en su artículo 5°.

En lo que se refiere a la actualización de las DIP, cumple con hacer presente que resulta obligatorio para las autoridades, funcionarios y prestadores de servicios a honorarios realizarlas en el mes de marzo de cada año, en tanto sus designaciones o contratos se extiendan, por lo menos, hasta el último día de esa mensualidad.

Lo anterior, aun cuando hayan efectuado una declaración en los meses previos, ya sea por la asunción del cargo que lo obliga a declarar o de manera voluntaria.

Solo se encontrarán eximidos de actualizar una declaración en el mes de marzo quienes, estando dentro del plazo de treinta días corridos desde la asunción del cargo, presenten su primera declaración en cualquier día del mes de marzo. Finalmente, deberán también presentar una declaración quienes cesan en alguna función que los obliga a efectuar esa declaración y dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones.

¿Qué se entiende por tercer nivel jerárquico?

Sobre el particular, el artículo 4°, número 10, de la ley N° 20.880 -replicado en similares términos por su reglamento- obliga a tales sujetos a presentar el instrumento en estudio, considerando para efectos de establecer la referida equivalencia el grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no tener asignado un grado, al monto de las respectivas remuneraciones de carácter permanente.

En este punto, es útil destacar que los dictámenes Nos 33.220, de 2011; 4.399, de 2012 y 81.682, de 2015, de este origen, han sostenido que el nivel de jefe de departamento corresponde a aquellos cargos o empleos que ocupan el ‘tercer nivel jerárquico’ de la pertinente institución, o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

De ello se sigue que de existir expresamente el nivel de ‘jefe de departamento’ dentro de la planta de la respectiva entidad pública, será este el tercer nivel jerárquico, debiendo cumplir quienes desempeñen dichas plazas con la obligación en estudio.

De no existir dentro de la pertinente planta cargos con tal denominación, deben entenderse comprendidos dentro del referido nivel a todos aquellos empleos directivos que conforme a su planta o a la normativa legal que regula su orgánica, tengan a su cargo una unidad, cualquiera sea su denominación, que ‘dependa directamente’ de quienes ocupan los empleos del segundo nivel.

Finalmente, cabe agregar en torno a la equivalencia contemplada en el numeral 10 en estudio, que una vez establecido quienes se encuentran comprendidos dentro del tercer nivel jerárquico, el grado más bajo de quienes integran ese nivel fija el piso del grado del resto de los servidores directivos, así como de los profesionales y técnicos, que deben también presentar una DIP. Lo mismo debe considerarse en relación con las remuneraciones que deban servir de base para efectuar la equivalencia en aquellos casos en que alguno o todos los empleos a comparar no posean un determinado grado remuneratorio.

En este punto conviene añadir que en aquellas situaciones en que la planta de un servicio considere empleos de segundo nivel jerárquico que tengan un grado inferior al más bajo asignado a las plazas del tercer nivel, la equivalencia a fin de determinar el resto de los empelados sujetos a la obligación debe hacerse en relación con este último, y no con el directivo de segundo grado.

¿Datos o campos que no se publica de la declaración?

Por regla general, la declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio. También aplica para personas relacionadas.

El artículo 7°, de la ley N° 20.880 y 12 de su reglamento, señalan que en el sitio electrónico de la institución respectiva solo podrá publicarse el nombre de los parientes por consanguinidad en primer grado en la línea recta del declarante.

Agregan, que en el caso de los fiscales y jueces con competencia en lo penal (Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal), los datos respectos de los parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad no serán publicados, debiendo registrarse esta información en carácter de secreta.

¿Dónde estarán publicadas las declaraciones de intereses y patrimonio?

Según lo dispuesto en el artículo 11, del mencionado reglamento, solo las declaraciones de los sujetos señalados en los numerales 1 a 4 y 13 a 20 del artículo 2°, del referido cuerpo normativo, se encontrarán disponibles tanto en el sitio electrónico mediante el cual la institución respectiva da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que le impone el artículo 7° de la ley N° 20.285 (los órganos no sujetos a la mencionada ley deberán publicar las declaraciones en el sitio electrónico institucional de forma que permita su fácil acceso), como asimismo en esta Contraloría General y el Consejo para la Transparencia, quienes pondrán las declaraciones de los sujetos mencionados a disposición de la ciudadanía en formato de datos abiertos y reutilizables.

Siendo ello así, las declaraciones que se encontraran disponibles según párrafo anterior son:

  • El Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules.
  • Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Televisión.
  • Los Integrantes de los Paneles de Expertos o Técnicos creados por las leyes Nos 19.940, 20.378 y 20.410.
  • Los alcaldes, concejales, y consejeros regionales.
  • Los diputados y senadores, los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria.
  • Los miembros del escalafón primario y los de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, a que se refieren los artículos 267 y 269 del Código Orgánico de Tribunales, respectivamente, y el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
  • El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público.
  • Los jueces titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública, los jueces de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los ministros titulares y suplentes de los Tribunales Ambientales, y los ministros de fe de cada uno de estos tribunales.
  • Los Ministros y los suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones y los integrantes de los Tribunales Electorales Regionales.
  • Los miembros del Consejo del Banco Central de Chile.
  • El Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los contralores regionales y quienes se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico en la Contraloría General de la República.
  • Los miembros del órgano ejecutivo de los partidos políticos.

Por tanto, las declaraciones de los sujetos obligados señalados en los numerales 5 al 12 del citado artículo 2°, del reglamento no se encontrarán disponibles en los términos del aludido artículo 11. No obstante ello, el servicio deberá proporcionar copias de la DIP a los interesados que las soliciten, conforme a la Ley de Transparencia.

Estos son, a saber:

  • Los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
  • Los defensores locales de la Defensoría Penal Pública.
  • Los directores o las personas a que se refieren los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 37 de la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, y los directores y gerentes de las empresas públicas creadas por ley y de las sociedades en que el Estado tenga participación accionaria, aun cuando la ley señale que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a la regulación de otras leyes, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o el Banco del Estado de Chile.
  • Los presidentes y directores de corporaciones y fundaciones que presten servicios o tengan contratos vigentes con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, sea que perciban o no una remuneración, y los directores y secretarios ejecutivos de fundaciones, corporaciones o asociaciones reguladas en el decreto con fuerza de ley N°1, del año 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
  • Los funcionarios de la Administración del Estado que cumplan funciones directas de fiscalización.
  • Las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado siempre que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente. Para establecer la referida equivalencia deberá estarse al grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no tener asignado un grado, al monto de las respectivas remuneraciones de carácter permanente.
  • Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñé en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan.
  • Los rectores y miembros de las juntas directivas de las universidades
Entrada en vigencia de la ley N° 20.880.

El inciso final del artículo primero transitorio de la ley N° 20.880, señala que comenzará a regir tres meses después de la publicación de su reglamento respecto de los sujetos individualizados en el Capítulo 1°, del Título II -2 de septiembre del presente año-, y cinco meses después de la referida publicación, respecto de los sujetos individualizados en el Capítulo 3°, del mencionado Titulo II -2 de noviembre del presente año-.

¿Qué se entiende por funciones directas de fiscalización?

Conforme al artículo 4°, número 9, de la ley N° 20.880, se encontrarán obligados a rendir una DIP “Los funcionarios que cumplan funciones directas de fiscalización”.

En este sentido, el artículo 2°, N° 9), del reglamento previene que son sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio “Los funcionarios de la Administración del Estado que cumplan funciones directas de fiscalización. Se entenderá que un funcionario cumple funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que no correspondan a procedimientos disciplinarios internos”.

En este contexto, corresponde referirse a algunos criterios que han de ponderarse para establecer, en cada servicio, el personal que está obligado al cumplimiento del deber en análisis en razón de las hipótesis que menciona la normativa recién transcrita.

En primer lugar, es útil manifestar que por actividades de inspección directa deben considerarse, de manera principal, aquellas propias de la labor de control que importen el examen personal de obras, procesos, sujetos, espacios, recintos u objetos, y que impliquen un contacto directo -ya sea presencial o no presencial, inmediato o posterior- con las personas sometidas a esa actividad o encargadas de esas obras, procesos, espacios, recintos u objetos.

Lo anterior, tanto si esas labores inspectivas deban o puedan hacerse fuera de la oficina o recinto en que desempeñan sus tareas los funcionarios fiscalizadores, como si, dependiendo del caso, se hagan dentro de estas.

De igual forma, y atendidas las finalidades que persigue la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, debe entenderse que también desempeñan funciones directas de fiscalización quienes tienen el deber de dirigir, coordinar y gestionar los equipos integrados por quienes realizan de manera personal las aludidas inspecciones directas.

Por otra parte, hay que considerar que para ser sujeto obligado a presentar DIP el servidor debe tener asignada como función permanente esas actividades de inspección directa, por lo que no procederá que efectúe una DIP si esas tareas le son ordenadas de manera esporádica.

Es útil añadir que el deber de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones de fiscalización directa, aun cuando no sean las únicas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que quienes han sido nombrados en una plaza que integra una planta o estamento de “fiscalizadores”, o han sido designados a contrata asimilados a uno de esos empleos, deben ser destinados, conforme lo ordena el artículo 46, inciso tercero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 73, inciso primero, de la ley N° 18.834, a labores de fiscalización.

Lo mismo acontece respecto de quienes pertenecen o han sido asimilados a una planta especial de fiscalizadores, o en virtud de una autorización legal prestan servicios a un organismo y han sido investidos del rol de fiscalizador. En otro orden de ideas, conviene reiterar que según el N° 9 del artículo 2° del reglamento, “se entenderá que un funcionario cumple funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que no correspondan a procedimientos disciplinarios internos”.

Por ello, está sometido a la obligación en comento el personal que, en razón de sus funciones permanentes, participa o interviene directamente en los recién señalados procesos sancionatorios.

En este punto se debe reiterar la exigencia de que la función sea permanente, excluyendo de esta obligación a quien se le encomienda ese tipo de labores de manera esporádica.

Igualmente, cabe insistir que el deber de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones que impliquen intervenir directamente en ese tipo de procedimientos, aun cuando no sean las únicas tareas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.

En este punto debe señalarse que cumplen la hipótesis de la norma quienes desarrollan la labor de fiscal o investigador y quienes cumplen tareas de actuario en esos procesos, aun cuando las denominaciones de esas funciones no sean las recién consignadas.

Finalmente, se debe resaltar que el deber de hacer una declaración de intereses y patrimonio que tienen las personas tratadas en este apartado es independiente del grado o nivel remuneratorio que posean, ya que en este evento el legislador estimó necesario que cumplan con ese mandato en razón de las funciones directas de fiscalización que realizan y no por su posición jerárquica o remuneratoria.

¿Cómo se calcula la equivalencia de la remuneración de una persona contratada a honorario, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 11, de la ley N° 20.880?

El artículo 4°, N°11, de la ley -reiterado en su reglamento- establece que estarán obligados a efectuar una DIP “Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan”.

De la historia de la ley se puede constatar que dichos sujetos fueron incorporados en el primer trámite constitucional a proposición de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la cual tuvo como fundamento para ello la situación de los asesores de autoridades de gobierno, ya que, si bien no eran funcionarios, tenían una posición de influencia en la adopción de decisiones y por lo cual podía configurarse en ellos un conflicto de interés.

Considerando lo anterior, así como el tenor y contexto de la norma antes reseñada, es posible colegir que están obligados a presentar una DIP los prestadores de servicios a honorarios cuyo contrato se extienda por un año a lo menos.

Así, para realizar la equivalencia de remuneraciones u honorarios mensuales que ordena la norma de que se trata, se debe considerar la respectiva suma alzada, o la suma de todas las mensualidades, y dividirla por doce.

En este caso, la comparación deberá efectuarse en relación con la remuneración del funcionario del tercer nivel jerárquico que ocupe el grado o nivel remuneratorio más bajo.

¿Quién es el jefe de servicio en las municipalidades, para efecto de lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 20.880?

El Alcalde, o en quien delegue la función, será el jefe superior del servicio encargado de verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas actualizaciones. Asimismo, deberá remitir a la Contraloría General de la República, en la forma en que disponga el reglamento, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicio, e informarle de las infracciones a las obligaciones de realizar dichas declaraciones, dentro de los 30 días posteriores a aquel en que tome conocimientos de aquella.

¿Quiénes integran el tercer nivel jerárquico en las municipalidades?

El N° 10 del artículo 4° de la ley N° 20.880 señala que deberán presentar declaraciones de intereses y patrimonio “las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente. Para establecer la referida equivalencia deberá estarse al grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate.”

La jurisprudencia de la CGR ha señalado -entre otros, en los dictámenes N° 33.220, de 2011, 4.399, de 2012 y 81.682, de 2015-, que el nivel de jefe de departamento corresponde a aquellos cargos o empleos que ocupan el tercer nivel jerárquico de la pertinente institución, o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

Por ende, para determinar el tercer nivel jerárquico en un servicio, por regla general, deberá revisarse la planta de la institución, y el grado más bajo del o los jefes de departamento fija el piso del grado del resto de los directivos, profesionales y técnicos que deberán declarar.

Entonces, si el DFL que establece la planta del municipio contempla expresamente los cargos de “jefes de departamento”, ya sea en la planta de ‘Directivos’ o de ‘Jefaturas’, el jefe de departamento de grado más bajo fijará el piso del grado del resto de los funcionarios directivos, profesionales y técnicos que deben presentar DIP. Así, por ejemplo, si existe en la planta un jefe de departamento, ya sea en la planta de ‘Directivos’ o ‘Jefaturas’ con grado 12, todos los directivos, profesionales y técnicos con grado 12 o superior deberán presentar la declaración.

Ahora bien, si la planta de la respectiva municipalidad no establece expresamente el cargo de “jefe de departamento”, deben entenderse comprendidos dentro del referido nivel a todos aquellos empleos de los estamentos ‘Directivos’ o de ‘Jefaturas’ que tengan a su cargo una unidad, cualquiera sea su denominación, que dependa directamente de quienes ocupan los empleos del segundo nivel jerárquico, según ha sido indicado en el dictamen N° 48.401, de 2005, debiendo añadirse que conforme al dictamen N° 46.049, de 2016 -también de esta procedencia-, el segundo nivel jerárquico corresponde a las direcciones.

ATENCIÓN A USUARIOS


Atención telefónica

Módulo de Atención General:

Fono: +562 2 4025700

Fono: +562 2 4025700

Lunes a Jueves de 09:00 a 17:30 hrs.

Viernes de 09:00 a 16:30 hrs.

atenciondip@contraloria.cl